Los gigantes del videojuego quieren pillar a Anbernic por vender consolas con juegos piratas de yapa

Resulta que la ESA, la Gremial de los Gigantes que junta a Nintendo, Microsoft, PlayStation, Amazon, Epic, EA y Ubisoft, se mandó una carta pa' la USTR, la Oficina del Comercio Gringo, pidiendo que metan a Anbernic, fabricante chino de consolas retro, en la lista de los 'mercados notorios', esa que es pa' los que 'participan o facilitan' la piratería. Y obvio que no se quedaron solo con los chinos, también apuntaron a otros sitios.

Según la ESA, estos equipos salen o llegan con tarjetas de memoria llenas de cientos o miles de copias no autorizadas. Pero ojo, compadre, que la propia Anbernic no hace esa pillería cuando vende directo desde su web. Son los distribuidores y revendedores los que se mandan la movida de meterle ROM, o sea, archivos con copias ilegales de juegos antiguos.

El pacto del pillo se cagó

Durante años el trato era de palabra: el fabricante vendía el aparato y lo que el cliente le cargara era cosa suya. Pero la ESA dice que eso es puro cuento, que vender estos equipos por canales normales es 'normalizar la piratería basada en hardware' y que encaja en 'superfake', una etiqueta bien difusa pa' productos falsificados de alta calidad hechos a escala comercial.

Lo que sí, compadres, es que estar en esa lista no te trae cana de una. Según la USTR sirve pa' 'alentar a las autoridades responsables' a meterle más duro a la pirata, y podría ser la antesala de una investigación bajo la Sección 301, que ahí sí puede terminar en sanciones o restricciones a la importación. Ars Technica lo ve como el quiebre de la 'ficción educada', esa wea donde los vendedores decían que los emuladores eran legales y que de las ROM no sabían na'.

La ESA también metió en el paquete a 'voices38', un cracker anónimo que se dedica a vencer a Denuvo, el sistema antipiratería que usan al menos nueve miembros del gremio. Además volvió a recomendar el sitio FitGirl, al que le atribuyen pérdidas por más de 1.083 millones de dólares entre marzo y agosto de 2026, calculadas con un precio de 69,99 dólares (unos 65.000 pesos chilenos) por cada usuario detectado. Cifras que son cálculo de la propia gremial, así que hay que tomarlas con pinzas.

La pelota quedó en la cancha de la USTR, que publicó la edición anterior de su lista en marzo, así que la respuesta se puede demorar harto. Mientras tanto queda la pregunta incómoda pa' toda la industria: ¿se le puede echar la culpa al fabricante de una herramienta legal por lo que hacen terceros, o el problema es el weón que la vende con el botín incluido?