La Patrona del Borrador le pagaba a una abogada pa' escribirle los fallos: puro balurdo en toga, wn

Ojo que la wea parte en Valparaíso: la ministra de la Corte de Apelaciones, Rosa 'La Patrona del Borrador' Aguirre, anda piola, en extrema reserva, con una demanda laboral que se coló en un tribunal de Santiago. La señora tiene 73 años, es la segunda antigüedad de la corte y está llegando al final de una carrera larga.

Según la demanda de la abogada Damaris Silva, la pega era simple: ella redactaba los proyectos de sentencia y la ministra, la trompa de la historia, los revisaba y les daba la línea del fallo, con instrucciones tipo que había que rechazar o que había que acoger. Cuando Aguirre pasó de fiscal a ministra, en 2009, la abogada siguió trabajando directo pa' ella, y la relación se mantuvo hasta el 9 de mayo de 2026.

El caso más zarpao parte a comienzos de 2010: le tocaron a la ministra unas 35 causas laborales de los antiguos juzgados. Mientras estaba de feriado, le encargó a Silva redactar las 35 sentencias y después le pagó $10.000 por cada una, pura guita a la mano. Desde 2010 el trabajo se pasó a la casa de la ministra, con horario de 9:00 a 19:00 que se alargaba a veces hasta las 23:00, sábados y domingos incluidos. Desde 2011, la abogada se llevaba los expedientes pa' terminarlos en su propia casa.

El sueldo y los pitutos

Desde 2015 le pagaba $300 mil al mes, por transferencia desde su cuenta personal, el día 20 de cada mes. En 2024 le prestó un departamento en Santiago que, según la demanda, pasó a formar parte del paquete. Además le hacía gestiones de sus propiedades, le ayudaba con las contribuciones y hasta le preparaba las presentaciones de sus clases. Puro pitutos y paro de la casa, po.

En abril la abogada se aburrió de ser la perkin y pidió subir el sueldo a $900 mil. La ministra le respondió que el tema era delicado y que prefería verlo en persona. La reunión fue el 9 de mayo y llegó con un sobrino. Según Silva, ahí le terminaron la pega después de casi diecisiete años, y además le pidieron que no abriera el tarro sobre el período que trabajaron juntas.

Silva intentó arreglarlo por las buenas: fichó a un abogado y abrió tratativas, pero no resultó, así que demandó en un tribunal laboral de Santiago. Cuando la ministra supo formalmente de la demanda, la cosa se movió a todo chancho: el 14 de agosto ambas llegaron a una notaría de Viña del Mar y firmaron una transacción y finiquito. La demanda se desistió, la magistrada pagó $17 millones y quedó una cláusula de confidencialidad bien exigente. Quedarse piola, pues.

Ojo, que esto es una demanda laboral, no una causa penal, y lo que sale aquí es la versión de la demanda y de la escritura de la notaría. Los curiosos de la corte ya deben estar cortando el traje por los pasillos, pero ninguna de esas weas está probada más allá de los papeles.