La neorreforma del Longi y el Squella: ni el Tren, ni la DINA, ni la CAM caen, pura ley pa'l futuro

Resulta que la Comisión de Constitución del Senado recién se pone las pilas a fines de octubre o partiendo noviembre con la nueva reforma pa' pillar el crimen organizado y cambiar el estado de excepción. La agenda está copada y encima los senadores tienen que cachar el presupuesto al mismo tiempo, así que ni cagando se discute antes.

La movida es de Andrés Longton (RN), Arturo Squella (republicano) y Pedro Araya (PPD), con la pitanza de Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (independiente). Nació como plan B después de que el Gobierno tiró su propia propuesta, que el mismo oficialismo ya botó a la basura.

Los tres ejes del cuento

La neorreforma trae tres pegas: segregación en las cárceles, ajustes al estado de excepción y más restricciones pa' los condenados por crimen organizado, que es el punto más enredado pa' los abogados. Y es enredado porque el Código Penal no tiene el concepto tal cual. Lo que sí hay es la antigua asociación ilícita y las asociaciones delictiva y criminal, que la exministra del Interior Carolina Tohá metió en 2023 pa' darle herramientas al Estado. Pero los autores no quieren usar lo que ya existe, quieren armar un marco nuevo.

El Longi dice que las asociaciones andan repartidas en distintas leyes, cada una con sus reglas, y que la nueva ley va a definir qué es crimen organizado distinguiendo el rol de cada uno. Según el proyecto, el crimen organizado es una categoría más amplia pa' describir estructuras criminales complejas, y la idea es que una segunda ley simple, que se presentaría en las próximas semanas, lo defina.

Los que se la limpian

Los condenados por crimen organizado quedarían con inhabilidades, como no poder ejercer cargos públicos ni votar, y tampoco podrían postular a indultos particulares. Pero la cláusula transitoria deja claro que todo eso solo vale pa' hechos cometidos después de la entrada en vigencia de la ley. Así, los cabros del Tren de Aragua condenados por casos antiguos, incluido el asesinato del exteniente Ronald Ojeda, quedarían fuera de la nueva normativa.

Tampoco le tocaría a los condenados por delitos de los brazos armados del antiguo régimen militar, como la DINA y la CNI, que el Poder Judicial calificó como organizaciones criminales. Y ni la CAM se salva: aunque no hay condenados por asociación ilícita, delictiva o criminal, todavía hay querellas pendientes de parlamentarios de derecha que buscan ampliar las sanciones por esos tipos penales, y esos casos también quedan afuera.

Mirando pa' adelante

El senador Araya dice que el crimen organizado es una amenaza seria pa' la democracia y las instituciones, pero que la cláusula es necesaria pa' que las restricciones no se apliquen hacia atrás y se resguarde la seguridad jurídica. Según él, ser duros con el crimen no significa pasar por encima del Estado de derecho, porque si la reforma queda mal definida en el tiempo, después la pueden pillar en el Tribunal Constitucional.

Así que la súper dura contra el crimen organizado parte mirando pa' adelante, y los que ya están en la tumba la ven pasar. La dura, compadre: la pega se hace pa' los que vienen, no pa' los de antes.